Por: Soraya Carvajal B.

¿Qué siente alguien cuando pierde su vivienda y se queda literalmente en la calle? Dolor, rabia, impotencia, orfandad, desesperación, miedo al futuro y la sensación de que el suelo se agrieta bajo sus pies, sin tener dónde asirse.

Esto es lo que sintió  la familia captada en la foto superior, al ser desahuciada de su vivienda en Madrid, el pasado lunes, y que refleja el drama que actualmente viven miles de familias a causa de la aguda crisis económica y financiera que afecta a España y a los países del sur de Europa, marcada por altas tasas de desempleo, reducción de los salarios, caída de la productividad, ajuste fiscal, recortes en la inversión social, así como creciente protesta y malestar social.

Y viendo este panorama resulta imposible no pensar en algunas similitudes con las situaciones vividas en los años 80 en América Latina, conocida como “la década perdida”  y en los 90, cuando en la región se aplicaron las medidas de ajuste estructural propuestas por el Consenso de Washington.

En la década de los 80 los países latinoamericanos vivieron una aguda crisis económica y de deuda externa, aderezada en buena medida por la mala gestión de sus administraciones, el gasto desmedido y la corrupción.  A esto se sumó la inconsistencia de las políticas económicas tomadas por los gobiernos, medidas sin previsión que favorecieron altos niveles de endeudamiento externo, métodos de liberalización financiera, mantenimiento de altas tasas de interés durante prolongados períodos de tiempo, que afectaron la formación de capital de inversión directa en estos países y el estancamiento del PIB.

Para hacer frente a este escenario los gobiernos latinoamericanos optaron por llevar a cabo fuertes procesos de ajuste entre 1982 y 1990, centrados en elevar los ingresos del Estado a través de medidas como la privatización y venta de empresas estatales, el aumento de los impuestos indirectos,  las contribuciones a la seguridad social y las cargas fiscales, buscando contar con mayores recursos para pagar los servicios de la deuda externa.

Estos ajustes trajeron como consecuencia la reducción del PIB, del ingreso per cápita, la caída del consumo interno y de la inversión, que llegó a niveles mínimos en 1987, y el aumento de la deuda externa, debido al alza de los intereses bancarios en el sistema financiero internacional.

La crisis de los 80 ocasionó también un marcado descenso de los indicadores sociales en la región, que se reflejó en más aumento del desempleo y del subempleo en todos los países, caída de los salarios reales, subida de la inflación y descenso del gasto público en términos reales. Además, a raíz de todos los ajustes la capacidad de gestión y maniobra de los gobiernos disminuyó considerablemente.

Llega el “Consenso”

En los años 90 y como fórmula para salir de la crisis económica y de deuda, los gobiernos latinoamericanos pusieron en práctica la política económica establecida en el “Consenso de Washington”, una política de ajuste estructural, estabilización macroeconómica y apertura de los mercados, promovida por organismos financieros internacionales  como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros y  dirigida a solucionar la crisis de la deuda externa y lograr un modelo “estable, abierto y liberalizado”.

Las diez medidas propuestas por el Consenso fueron:

1. Disciplina presupuestaria, centrada en eliminar el déficit fiscal de los presupuestos públicos, pues se entiende que ésta es la causa de los procesos inflacionarios.

2. Cambios en las prioridades del gasto público, reordenando el  gasto en sectores como la educación, salud e infraestructuras.

3. Reforma fiscal, tendiente a incrementar la recaudación mediante una base imponible amplia y tipos marginales moderados.

4. Tipos de interés determinados por el mercado y positivos en términos reales.

5. Tipos de cambio reales y competitivos

6. Liberalización comercial, liberalización de las importaciones

7. Apertura respecto a la inversión extranjera directa

8. Política de privatización de las empresas estatales, porque se entiende que la empresa privada es más eficiente que la estatal, y como alternativa de ingresos a corto plazo para los Estados.

9. Desregulación de los mercados para fomentar la competencia

10. Protección de los derechos de propiedad

En los 90 los gobiernos latinoamericanos aplicaron con decisión estas reformas económicas, dando como resultado la reducción de la inflación a un solo dígito, en la mayoría de los países; disminución del déficit presupuestario del 5% al 2% del PIB en promedio;  reducción de la deuda externa pública del 50% del PIB a menos del 20% y disminución de aranceles del 40% al 10%.

La liberalización financiera eliminó el control directo de los créditos y la regulación de las tasas de interés; se suprimieron los controles de cambio y a las cuentas de capital y en toda la región se privatizaron más de mil empresas de servicios públicos, telecomunicaciones, vías e infraestructura, al igual que bancos y petroleras, aumentando el flujo de capitales hacia la región.  Las medidas  económicas afianzaron además la apertura comercial, la presión competitiva y  la vulnerabilidad financiera del modelo de crecimiento latinoamericano frente a los flujos internacionales de capital.

Sin embargo, la aplicación del ideario neoliberal en América Latina, desde una perspectiva general, dejó tras de sí un escenario marcado por el escaso crecimiento (1% del PIB anual), caída de los salarios, precarización del empleo, aumento desbordado del desempleo y del empleo informal, crecimiento de los niveles de exclusión, inestabilidad económica, recesión, aumento en la concentración de la riqueza y crecimiento de la desigualdad, que consolidó a Latinoamérica como la región con mayor desigualdad social a nivel mundial.

Además el aumento de la pobreza hizo que enormes masas de población de la región regresaran a los niveles de penuria alcanzados en las décadas del  60 y 70, de manera que a finales de los años 90 un tercio de los 450 millones de latinoamericanos vivía en condiciones de pobreza y 80 millones de personas estaban en la pobreza extrema, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD.

A esto se sumó el desencanto generalizado entre la población por la creciente pobreza, la inequidad, el notable descenso en la calidad de vida (cientos de miles de personas perdieron sus empleos, viviendas y la oportunidad de tener una vida digna), la sensación de injusticia, la incertidumbre frente al futuro, el aumento de la criminalidad y la violencia, a la vez que se produjo una notable erosión de la popularidad y legitimidad de los gobiernos y administraciones de los países de la zona.

Aunque en buena medida, el Consenso de Washington y sus medidas de ajuste han sido revisados y cuestionados, debido especialmente a su marcado déficit en el aspecto social, y aún sabiendo que Europa parte de una realidad distinta a la latinoamericana, es claro que los pasos dados hasta el momento por las autoridades europeas y españolas, para solucionar la crisis actual, parecen dar prioridad a la estabilización macroeconomía antes que al bienestar de sus ciudadanos.